Descarta Marina del Pilar persecución política en caso de Nabor “N”

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que las órdenes de vinculación a proceso por el caso de la planta fotovoltaica y Banca Afirme no tienen motivaciones políticas, sino que responden a la defensa del patrimonio y las participaciones federales.

Recordó que el contrato, firmado por la administración anterior, pretendía construir una planta solar sin contar con los permisos necesarios, mismo que la propia Secretaría de Energía determinó en su momento que dicho proyecto era inviable desde su origen.

Explicó que, al detectar la retención de 123 millones de pesos en la institución bancaria Afirme, se optó por la vía legal para recuperar el recurso, que corresponde a los bajacalifornianos y no debía quedar paralizado.

Los procedimientos
Señaló que los procedimientos se iniciaron por rutas administrativas y mercantiles, y que fue un tribunal quien determinó que existía un daño al Estado por no devolver el dinero, ordenando su restitución a la Hacienda estatal.

La mandataria comentó que hubo múltiples requerimientos formales para que se cumpliera con la resolución, sin obtener respuesta ni presencia de los involucrados en las audiencias convocadas por las autoridades.

Recordó que, de no haberse emprendido acciones legales, se habrían comprometido hasta 5 mil millones de pesos del presupuesto estatal en una obra que no se realizaría, lo que representaba un riesgo económico considerable.

Acciones emprendidas
Por su parte, el consejero jurídico del Estado, Juan Pon Méndez, precisó que las acciones emprendidas se basan en resoluciones judiciales.

Detalló que uno de los señalados y quien recientemente fue puesto en detención preventiva, Nabor “N”, permaneció prófugo durante años y solicitó asilo político en Estados Unidos, lo que agravó su situación jurídica al evadir en repetidas ocasiones los requerimientos judiciales.

Puntualizó que fue vinculado a proceso por la retención de los 123 millones de pesos, ya que no sólo omitió su devolución, sino que además presentó demandas contra el Estado para evitar regresar los recursos.